La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia del Chaco hace pública su preocupación por la prolongada falta de atención por parte del Gobierno Provincial hacia esta institución, de la cual forma parte con dos representantes. La situación de postergación continua hace que actualmente las tareas que dependen de esta Comisión atraviesen innumerables dificultades, tanto por la situación edilicia como por la situación laboral de sus trabajadores.
El estado del edificio sede de la Comisión es deplorable, a pesar de ser patrimonio provincial desde el año 2004. La lista es larga: falta de mantenimiento que genera un riesgo continuo tanto para las personas que transitan por el lugar, como por la pérdida de la evidencia que representa un sitio para la memoria; pisos de madera en mal estado y con faltantes; humedad avanzada en todas las salas, deteriorando las muestras artísticas que se exponen; sótanos con terribles problemas de humedad y uno de ellos inundado, provocando el hundimiento de los pisos y un grave peligro de derrumbe; desprendimiento de los revoques; obsoletas instalaciones sanitarias; escaleras con problemas estructurales graves y la totalidad de las instalaciones eléctricas en mal estado son un peligro constante para las visitas y las personas que trabajan en el lugar diariamente. Desde la entrega del edificio en 2007, se han solicitado y presentado diversas propuestas para refacciones, de las que sólo se obtuvieron intervenciones menores que pusieron parches mínimos a la situación.
Por otra parte, la falta de atención por parte del Gobierno está evidenciada en la situación de precarización laboral de toda su planta de empleados, no solo porque ninguno es personal de planta permanente del Estado, sino que la situación ha empeorado en los dos últimos años, porque varios de ellos deben percibir sus haberes por medio de convenios firmados con el Ministerio de Educación. Este vínculo es aún más precario, por un lado porque no contempla ningún tipo de seguridad laboral, pero por otra parte la irregularidad del pago es inaceptable: hace dos meses se reconoció un pago parcial de 2011 y del corriente año solo se ha obtenido el pago del mes de marzo. Por otra parte, el único contrato de gabinete otorgado al espacio en octubre de 2011, tuvo un retraso de 10 meses para comenzar a cobrar sus haberes.
Sumamos a esto la inestabilidad en la administración del presupuesto: luego de 5 años de funcionamiento continuamos sin obtener un reconocimiento en la estructura orgánica institucional y por ende no se nos asigna presupuesto. Contamos con una caja chica, también inestable, actualmente con dos meses de atraso; los pedidos de fondos para actividades especiales también son postergados.
Comprendemos la situación económica complicada por la que atraviesa en este momento la provincia, pero no es menos cierto que muchos de estos reclamos llevan bastante tiempo pendiente y sin embargo es visible la amplia disponibilidad de recursos para la realización de otro tipo de actividades y obras. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar que este gobierno otorga a la preservación de su patrimonio histórico y a la memoria del pueblo. Creemos que el Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación de la ley y representante del Ejecutivo dentro de la Comisión tiene que concretar los aportes que como tal son su responsabilidad para que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sean realmente políticas de Estado. En este último aspecto, tampoco la representación a través de la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho aportes en los últimos tiempos, al punto de no participar de las reuniones mensuales ni articular mínimamente líneas de trabajo en la temática que compete a esta Comisión. No alcanza la colocación de gigantografías que enuncien “Ahora más que nunca Memoria, Verdad, Justicia”, mientras por dentro, el edificio se cae a pedazos y se vacía de contenido la “Casa de la Memoria”.
Nos vemos en la obligación de manifestar públicamente, que esto no puede ser solo una apariencia y aunque valoramos mucho el aporte que conseguimos de este gobierno al iniciar la gestión, creemos que actualmente estamos en una situación de total abandono. Los integrantes que conformamos esta Comisión estamos esperando concreciones que nos permitan continuar creyendo en las mejores intenciones de este gobierno, en promover políticas serias de memoria y derechos humanos, tal como escuchamos se dice en tantos discursos en los actos que conmemoran a los caídos por el terrorismo de Estado en la provincia y el país.
El estado del edificio sede de la Comisión es deplorable, a pesar de ser patrimonio provincial desde el año 2004. La lista es larga: falta de mantenimiento que genera un riesgo continuo tanto para las personas que transitan por el lugar, como por la pérdida de la evidencia que representa un sitio para la memoria; pisos de madera en mal estado y con faltantes; humedad avanzada en todas las salas, deteriorando las muestras artísticas que se exponen; sótanos con terribles problemas de humedad y uno de ellos inundado, provocando el hundimiento de los pisos y un grave peligro de derrumbe; desprendimiento de los revoques; obsoletas instalaciones sanitarias; escaleras con problemas estructurales graves y la totalidad de las instalaciones eléctricas en mal estado son un peligro constante para las visitas y las personas que trabajan en el lugar diariamente. Desde la entrega del edificio en 2007, se han solicitado y presentado diversas propuestas para refacciones, de las que sólo se obtuvieron intervenciones menores que pusieron parches mínimos a la situación.
Por otra parte, la falta de atención por parte del Gobierno está evidenciada en la situación de precarización laboral de toda su planta de empleados, no solo porque ninguno es personal de planta permanente del Estado, sino que la situación ha empeorado en los dos últimos años, porque varios de ellos deben percibir sus haberes por medio de convenios firmados con el Ministerio de Educación. Este vínculo es aún más precario, por un lado porque no contempla ningún tipo de seguridad laboral, pero por otra parte la irregularidad del pago es inaceptable: hace dos meses se reconoció un pago parcial de 2011 y del corriente año solo se ha obtenido el pago del mes de marzo. Por otra parte, el único contrato de gabinete otorgado al espacio en octubre de 2011, tuvo un retraso de 10 meses para comenzar a cobrar sus haberes.
Sumamos a esto la inestabilidad en la administración del presupuesto: luego de 5 años de funcionamiento continuamos sin obtener un reconocimiento en la estructura orgánica institucional y por ende no se nos asigna presupuesto. Contamos con una caja chica, también inestable, actualmente con dos meses de atraso; los pedidos de fondos para actividades especiales también son postergados.
Comprendemos la situación económica complicada por la que atraviesa en este momento la provincia, pero no es menos cierto que muchos de estos reclamos llevan bastante tiempo pendiente y sin embargo es visible la amplia disponibilidad de recursos para la realización de otro tipo de actividades y obras. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar que este gobierno otorga a la preservación de su patrimonio histórico y a la memoria del pueblo. Creemos que el Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación de la ley y representante del Ejecutivo dentro de la Comisión tiene que concretar los aportes que como tal son su responsabilidad para que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sean realmente políticas de Estado. En este último aspecto, tampoco la representación a través de la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho aportes en los últimos tiempos, al punto de no participar de las reuniones mensuales ni articular mínimamente líneas de trabajo en la temática que compete a esta Comisión. No alcanza la colocación de gigantografías que enuncien “Ahora más que nunca Memoria, Verdad, Justicia”, mientras por dentro, el edificio se cae a pedazos y se vacía de contenido la “Casa de la Memoria”.
Nos vemos en la obligación de manifestar públicamente, que esto no puede ser solo una apariencia y aunque valoramos mucho el aporte que conseguimos de este gobierno al iniciar la gestión, creemos que actualmente estamos en una situación de total abandono. Los integrantes que conformamos esta Comisión estamos esperando concreciones que nos permitan continuar creyendo en las mejores intenciones de este gobierno, en promover políticas serias de memoria y derechos humanos, tal como escuchamos se dice en tantos discursos en los actos que conmemoran a los caídos por el terrorismo de Estado en la provincia y el país.
